CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo un respaldo público al gobierno federal en su lucha para combatir la violencia y exigió a los legisladores aprobar las leyes que garanticen la seguridad de los ciudadanos.

Este lunes, en un desplegado publicado en diversos diarios de circulación nacional, el grupo hizo un llamado a que entre las distintas instancias de gobierno y con el apoyo de la sociedad civil se utilice “toda la fuerza del Estado contra cualquier acto o grupo que atente contra la seguridad de los ciudadanos”.

"Reiteramos nuestro absoluto respaldo al decidido combate al crimen organizado", señala el desplegado que establece como necesario "lograr una mayor cooperación y colaboración internacional, especialmente de los Estados Unidos".

La semana pasada la iniciativa privada apoyó la propuesta de que el Ejército mexicano siga en las calles como parte de la lucha contra el crimen organizado.

Esto, después de que el gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que no viajaran a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fueron asesinados dos estadounidenses.

Armando Paredes, presidente del CCE -que agrupa los interéses del sector privado mexicano-, insistió en que el Congreso de la Unión debe aprobar reformas que doten de facultades a las Fuerzas Armadas y criticó que algunas entidades federativas no hayan asumido los compromisos contra el crimen.

Este mensaje refuerza lo dicho el domingo por el presidente Felipe Calderón, que aseguró que el Estado mexicano no permitirá que las organizaciones delictivas o de facto que operan en nuestro país vulneren la libertad de mexicanos y la legalidad, por lo que sostendrán una lucha por hacer prevalecer el estado de derecho en todo el país.

“No daremos ni un paso atrás” en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, aseguró el mandatario.

En el impreso, el CCE enlista una serie de mecanismos que están inscritos en la Ley de Seguridad Nacional, que envió el presidente Calderón en abril de 2009 al Senado.

Entre ellas destacan: la creación de policías estatales que sustituyan a las policías municipales actuales, fortalecer las medidas de lavado de dinero y convertir a las procuradurías en mecanismos ágiles y eficientes para perseguir delitos graves.

Destacan la solicitud de “aprobar de inmediato” la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Antisecuestros.

Además, convocan a diputados y senadores para lograr una mayor cooperación y colaboración con Estados Unidos, a fin de que entre ambos países “se detenga la importación de armas, se actúe contra el lavado de dinero y se persiga más eficazmente en su territorio a los delincuentes”.

Un informe de la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO, por su siglas en inglés) de 2009 destaca 93% de las armas rastreadas y confiscadas en México en el año fiscal 2008 procedió de EU, mientras que en los años fiscales de 2006 y 2007, el porcentaje había sido 95%.

Este martes se llevará a cabo en esta ciudad la segunda reunión de alto nivel del Grupo Consultivo México-Estados Unidos, en el que participará la titular de la cancillería, Patricia Espinosa, y la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton.

En ella se analizará la evolución de la Iniciativa Mérida durante 2009 y lo que va de 2010. Participarán funcionarios de ambos países y de diversas áreas como los secretarios de la Defensa de Estados Unidos, Robert. M Gates, y de seguridad Interna, Janet Napolitano.

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