CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — La guerra contra el narcotráfico que lanzó Felipe Calderón al asumir la Presidencia mexicana en 2006 ha costado al Ejército 3,430 quejas por abusos a los derechos humanos de la población civil ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, que emitió 51 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa (Sedena) en tres años, una cifra récord según el ombudsman del país, Raúl Plascencia, y especialistas y analistas en la materia. 

 La misma Sedena difundió en un comunicado la semana pasada que aceptó todas las recomendaciones de la CNDH y las procesó. En un caso inédito, las autoridades militares detallaron que cuatro soldados fueron sentenciados en el fuero civil, por las violaciones sexuales de 13 trabajadoras de un bar de Coahuila, ocurridas el l1 de julio de 2006. 

 Mireille Roccatti, ex presidenta de la CNDH (1997-1999), dijo en entrevista a CNNMéxico que ni siquiera en los años más fuertes del combate a las guerrillas en Chiapas, Guerrero y Oaxaca en la década de 1990 hubo tantas quejas contra el Ejército ante ese organismo defensor de los derechos humanos. Durante su gestión, dijo, la Comisión recibió 300 quejas en promedio por año y durante el bienio emitió 12 recomendaciones, todas ellas aceptadas.

2009 fue el año que la CNDH recibió más quejas (1,800) y emitió más recomendaciones (30) contra el Ejército. Un récord histórico, según la Comisión. Comparadas con los reclamos que atendió Roccatti hace una década representan un incremento de 600%.

“Es el número más alto en la historia de la CNDH”, dijo el ombudsman Raúl Plascencia, momentos después de entregar a Felipe Calderón su informe anual de labores, el 5 de marzo pasado en la residencia oficial de Los Pinos, y de escuchar del jefe del Ejecutivo hablar sobre el papel de los militares en el combate a la inseguridad en el país.

“La mayor amenaza en México a los derechos humanos es el crimen organizado”, dijo Calderón, quien destacó la labor de las fuerzas armadas contra el hampa. “Su disciplina, su destreza militar, el despliegue que tienen en cada punto del territorio nacional, han sido claves, como un elemento vital, para poder contener la expansión del crimen organizado”.

Roccatti advierte que el problema deriva de que los militares ahora tienen más contacto directo con la ciudadanía, en particular en zonas urbanas.

“Tenemos que ser realistas. Los militares tienen un entrenamiento muy riguroso para combatir en guerras o contra guerrillas, que es muy diferente a la persecución de delincuentes, que desde luego están mimetizados con la sociedad civil, infiltrados en ella”, explica la ex ombudsman.

 

En defensa de la Defensa

La defensa a la Secretaría de la Defensa contra las críticas de los defensores de los derechos humanos ha sido la constante en 2010 de parte de funcionarios civiles y militares.

El Día del Ejército, el mismo general Guillermo Galván, titular de la Sedena, aseguró que en la lucha contra el crimen organizado no tolerará violación alguna a las garantías fundamentales de la población. Pero abogó por el fuero de guerra, que permite a los militares ser juzgados en instancias castrenses y no por impartidores de justicia civiles.

El 8 de marzo, el director de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín, aseguró a un panel de expertos internacionales reunidos en la sede de la ONU en Nueva York, que los soldados “auxilian temporal y complementariamente a las autoridades civiles” en el combate al narcotráfico.

Ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Negrín dijo que los militares actúan “a solicitud de las autoridades civiles en espacios geográficos delimitados”.

El organismo de la ONU examinó este 8 y 9 de marzo, en su reunión anual, el informe de la delegación mexicana sobre el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que no se había presentado desde 1999.

El Parlamento Europeo aprobó este jueves  una resolución en la que apoya al gobierno de México en la lucha contra el narcotráfico y la ola de violencia que se vive en el país.

Las opiniones de Galván y Negrín son contrarias a las de representantes de organismos civiles, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Human Rights Watch (HRW) o la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CDPDH), que han exigido el regreso de los soldados a sus cuarteles, el fin del fuero de guerra y la rendición de cuentas.

HRW sostiene que más de 40,000 mil miembros de las fuerzas federales, entre militares y policías, han sido desplegados en todo el país desde la llegada de Calderón al poder.

Luis Arriaga Valenzuela, del Centro Prodh, dice que la injerencia militar en tareas de seguridad pública sólo incrementó los abusos en el gobierno de Calderón, principalmente en regiones con fuerte presencia castrense como Sinaloa, Guerrero y Chihuahua.

Dice a CNNMéxico que el aumento de violaciones derechos humanos se debe al mayor despliegue de militares en el país y a la impunidad que les permite el fuero de guerra. Del inicio del gobierno actual a junio de 2006 el Centro Prodh recibió quejas por violaciones a los derechos humanos desde 23 de los 31 estados del país, la mayoría de ellas cometidas en Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Coahuila y Nuevo León.

Los principales abusos, dice Arriaga Valenzuela, son “irrupciones ilegales (sin orden de cateo) a viviendas, agresiones físicas, torturas e incluso robos por parte de los militares”.

Alternativas para evitar abusos

Dado que el presidente Calderón ha insistido en que el Ejército se mantendrá en las calles, Luis Arriaga Valenzuela dice que urge que se establezcan controles civiles efectivos sobre los militares; que éstos rindan cuentas y, en especial, que se acote el fuero de guerra.

También subraya que la injerencia militar en el combate al narcotráfico no ha repercutido en el consumo ni en el tráfico de drogas, ni en una disminución de la violencia.

El subsecretario de Seguridad Pública (SSP), Alejandro Rubido García, dijo este 2 de marzo que el mercado de las drogas al menudeo en México es de 13,000 millones de dólares al año –la cuarta parte del valor en Estados Unidos, de 50,000 millones- y que el número de adictos en el país es de 5 millones.

Deficiente seguimiento a recomendaciones

El activista del Centro Prodh, Luis Arriaga Valenzuela, y la ex ombudsman Mireille Roccatti coinciden en que si bien el Ejército admite todas las recomendaciones que le hace la CNDH, el problema radica en que los mecanismos para dales seguimiento por autoridades civiles son muy deficientes.

“Los procesos se hacen en el fuero militar, aun cuando la víctima sea un civil, y los militares son muy herméticos”, dice Roccatti, actualmente profesora de Administración Pública y Política del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Además, recuerda Roccatti, “lamentablemente mi sucesor en la CNDH (José Luis Soberanes), a partir de 2000 canceló la Dirección de Seguimiento a Recomendaciones”.

La ex presidenta de la CNDH dice que hay que ser realista, porque “el Ejército va a tener que permanecer un tiempo en las calles”, debido a que en las últimas tres administraciones el gobierno no ha sido capaz de crear una policía confiable, que pueda combatir al narco.

 “El Ejército es más confiable, en cuanto a que no es tan vulnerable a ser infiltrado. Necesitamos una policía más estricta, más confiable, y no la hemos podido crear ni preparar”, expone la investigadora del ITESM.

No obstante, advierte que debido al contacto con los ciudadanos, deben aplicarse programas exhaustivos y extensivos de capacitación en el tema de derechos humanos a todas las corporaciones de las fuerzas armadas que intervengan en el combate al crimen organizado.

El mismo Raúl Plascencia dijo desde el arranque de su gestión al frente de la CNDH en diciembre pasado, que trabaja en un “informe especial” que hará público “en las próximas semanas”, sobre la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, el cual incluirá propuestas a esa institución para garantizar el respeto a los derechos humanos. El anuncio lo repitió durante su visita a Los Pinos para presentarle a Calderón su informe anual.

“Vamos a marchas forzadas; esperemos que pronto lo tengamos listo”, dijo Plascencia a la prensa durante su reciente visita a Los Pinos.

El ombudsman nacional debe apurarse, porque, como dijo el secretario de Defensa al presidente Calderón en su discurso el Día del Ejército: “Nadie desea que esta lucha se prolongue indefinidamente. A nadie conviene”.

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