CIUDAD DE MÉXICO (EFE) — Un total de 59 militares mexicanos han sido sentenciados o son investigados o procesados por violación a los derechos humanos entre diciembre de 2006 y febrero pasado, informó este miércoles la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En un comunicado señaló que en atención a las recomendaciones emitidas en los últimos tres años por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a cuatro militares se les dictó sentencia en el fuero civil por el caso Castaños.

En 2006, 14 mujeres, entre camareras, bailarinas y prostitutas de los centros nocturnos de la zona de Castaños, en el norteño estado de Coahuila, fueron golpeadas y violadas por militares que estaban en servicio.

Otros 55 militares han sido sujetos a algún procedimiento ante la justicia castrense por presunta violación a los derechos humanos, aunque no detalló los casos, reporta la Sedena.

De estos 55, nueve (tres oficiales y seis de tropa) están incluidos como parte de una investigación previa en integración; otros 38 (un jefe, cinco oficiales y 32 de tropa) se encuentran en proceso frente a la justicia militar, y los ocho restantes (un jefe, dos oficiales y cinco de tropa) fueron sentenciados por los tribunales militares.

La fuente destacó que en estos tres años la CNDH ha recibido 3,430 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar, de las cuales 51 —1.5%— han derivado en recomendaciones.

De estas recomendaciones de la CNDH a la Sedena, en 27 existe una averiguación previa en integración; en seis se tienen causas penales, es decir, la fiscalía militar determinó la presunta responsabilidad de personal militar en los hechos, por lo que se consignó la averiguación previa al juez.

En 10 recomendaciones se propuso archivar la averiguación previa, pues no se encontró responsabilidad alguna; en cuatro no se inició indagación previa porque se inició un procedimiento administrativo; en tres se concluyó la investigación previa sin acreditar la conducta ilícita, y finalmente en una no se inició ese tipo de averiguación por no haber participado en los hechos personal militar.

La Sedena dijo que "ratifica su compromiso ante la ciudadanía de no tolerar violación alguna al estado de derecho, ni actos que atenten contra las garantías fundamentales de las personas".

El gobierno del presidente Felipe Calderón, que inició en diciembre de 2006 y concluye en 2012, se ha apoyado en el Ejército mexicano para combatir al narcotráfico, estrategia que critican los partidos de oposición y organizaciones civiles, que exigen el regreso de los militares a los cuarteles.

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