CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — 89% de los asesinatos de periodistas en México queda impune debido a la incapacidad para investigar e incluso la complicidad de las autoridades en los crímenes, señala el más reciente informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

El reporte se presenta este martes de manera simultánea en Bogotá, Tokio, El Cairo, Bruselas y Nueva York, sede del CPJ, un día después de que el gobierno de Felipe Calderón anunció el nombramiento de Gustavo Salas Chávez como nuevo fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra periodistas, en sustitución de Octavio Orellana. El tercer relevo en esa unidad desde su creación en 2006.

Según el informe “Ataques a la prensa 2009” del CPJ, México ocupa el primer lugar en la lista de homicidios contra la prensa en América Latina.

Hasta enero pasado el comité había reportado 47 casos desde 1992, aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha contado 59 víctimas desde 2000.

El CPJ indica que 61% de las muertes está ligado a la delincuencia organizada y 34.37% se cometió en represalia por la actividad profesional de las víctimas.

Pero por ineficacia o corrupción de las autoridades de procuración de justicia no se investigan los casos hasta dar con los responsables.

“Autoridades locales y estatales en México han sido particularmente ineficaces para resolver delitos contra la prensa. En algunos casos, parecen haber sido cómplices”, sostiene el comité en el documento.

Agrega que para su informe de 2008 investigó la posible participación de policía local y funcionarios públicos en las desapariciones de varios periodistas desde 2005. “Al menos cinco reporteros desaparecidos habían investigado vínculos entre funcionarios locales y el crimen organizado en las semanas previas a su desaparición”.

Sólo en 2009 12 periodistas fueron asesinados, según la organización internacional. En lo que va de 2010 tres casos más se acumularon.

Jorge Ochoa Martínez, director del diario El Sol de la Costa y editor de El Oportuno en Chilpancingo, Guerrero, fue encontrado muerto el 29 de enero pasado en el municipio Ayutla de los Libres.

José Luis Romero, que trabajaba para el noticiario de radio Línea Directa, de Sinaloa, y al reportero Valentín Valdés Espinosa, del periódico Zócalo de Saltillo, Coahuila, corrieron con la misma suerte.

La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y agrupaciones como Reporteros Sin Fronteras condenaron esos asesinatos y reprobaron al gobierno mexicano.

Este lunes la Procuraduría General de la República (PGR) ordenó el relevo en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas. El tercero desde que se creó esa unidad en 2006.

El nuevo fiscal, Gustavo Salas Chávez, fue agente de Ministerio Público y representante de la PGR ante gobiernos delegacionales de la Ciudad de México.

En 2007 fue designado Fiscal Central de Investigación para Homicidios, pero renunció un año después.

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